El Pleno aprueba una nueva ordenanza que simplifica los trámites de inscripción, amplía los cupos para jóvenes, mayores y colectivos vulnerables y busca agilizar la adjudicación de viviendas protegidas en alquiler.

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real ha aprobado la actualización de la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. La reforma tiene como objetivo modernizar el funcionamiento del registro, simplificar los trámites administrativos y facilitar los procedimientos de acceso a la vivienda protegida en el municipio.

Una de las principales novedades es la simplificación del proceso de inscripción mediante la declaración responsable, un mecanismo que permitirá reducir los trámites que deben realizar las personas interesadas en acceder al registro.

La nueva normativa establece, además, una vigencia de dos años para las inscripciones, con el propósito de mantener actualizados los datos de los solicitantes y mejorar la gestión de las solicitudes.

Más cupos para jóvenes, mayores y colectivos vulnerables

La ordenanza contempla una ampliación de los cupos destinados a jóvenes, personas mayores y colectivos en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de atender las necesidades de estos sectores de la población.

Asimismo, incorpora modificaciones dirigidas a agilizar los procedimientos de adjudicación de viviendas protegidas en régimen de alquiler.

Otro de los aspectos que aborda la reforma es la situación de las viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias. En estos casos, la nueva regulación establece mecanismos orientados a garantizar el cumplimiento de su función social.

Trabajo conjunto de EPSUVI y Servicios Sociales

La actualización de la ordenanza es fruto del trabajo técnico desarrollado de manera coordinada entre la empresa pública municipal EPSUVI y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto Real.

Con esta aprobación plenaria, el Consistorio actualiza el marco normativo que regula el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y los procedimientos relacionados con el acceso y la adjudicación de estas viviendas.

La reforma introduce cambios administrativos y medidas específicas para determinados colectivos, aunque su aplicación práctica dependerá de la entrada en vigor de la nueva ordenanza y de los procedimientos de adjudicación correspondientes.