La Confluencia de Izquierdas ha reclamado a la Junta de Andalucía una mayor implicación en las políticas de vivienda, con medidas destinadas a facilitar el acceso a un hogar digno, proteger a las familias vulnerables y aumentar la oferta de alquiler asequible.
La formación considera necesario reforzar la colaboración entre administraciones ante las dificultades que encuentran numerosas familias para acceder a una vivienda, especialmente por el incremento de los precios del alquiler y la escasez de alternativas habitacionales asequibles.
El concejal de Urbanismo, José Montilla, ha defendido la necesidad de actuar ante esta situación. «No podemos permitir que las familias vivan con la angustia de no poder pagar el alquiler o de quedarse en la calle», ha señalado.
Montilla reclama a la administración autonómica un escudo habitacional que proteja a las personas en situación de vulnerabilidad frente a los desahucios y garantice alternativas dignas cuando se produzca una pérdida de vivienda.
Medidas para el alquiler y la vivienda pública
Entre las propuestas defendidas por La Confluencia figura la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en aquellos lugares donde se cumplan los requisitos legales, una medida que permitiría aplicar determinados mecanismos de regulación del mercado del alquiler.
La formación también reclama ampliar el parque público de viviendas mediante una financiación estable para las empresas municipales, reforzar la asistencia jurídica a las personas inquilinas y garantizar alternativas habitacionales a las familias vulnerables afectadas por procedimientos de desahucio.
La propuesta incluye actuaciones contra el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y medidas para movilizar viviendas vacías pertenecientes a grandes tenedores, con el objetivo de incorporarlas al mercado del alquiler asequible.
Estas reivindicaciones se dirigen principalmente a la Junta de Andalucía, a la que La Confluencia pide que ejerza sus competencias y destine mayores recursos a las políticas públicas de vivienda.
Puerto Real y las actuaciones de EPSUVI
La formación señala como ejemplo de gestión municipal las actuaciones desarrolladas en Puerto Real a través de la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI), especialmente las encaminadas a proteger el patrimonio residencial público.
Entre ellas destaca la intervención para evitar la subasta judicial de 31 viviendas públicas de EPSUVI, una operación que La Confluencia considera fundamental para impedir la pérdida de inmuebles destinados a atender las necesidades habitacionales de la población.
Otro de los proyectos destacados es la recuperación de 14 viviendas sociales en la Cruz de la Degollada, cuya entrega, según la formación, está próxima.
Por el momento, no se ha facilitado una fecha concreta para su adjudicación ni para la entrada de las familias beneficiarias.
Para Montilla, ambas actuaciones ponen de manifiesto la importancia de preservar y ampliar los recursos públicos destinados a vivienda.
«Para nosotros, la vivienda pública debe estar al servicio de la gente, no de los especuladores», ha defendido el concejal.
La responsabilidad de las administraciones en materia de vivienda
La iniciativa también pone sobre la mesa el reparto de responsabilidades entre las distintas administraciones públicas.
Aunque los ayuntamientos pueden intervenir a través del planeamiento urbanístico, la promoción municipal y la gestión de su patrimonio residencial, la Junta de Andalucía dispone de competencias propias en materia de vivienda dentro del marco legal vigente.
La Confluencia considera necesario que el Gobierno andaluz refuerce sus recursos y actuaciones, especialmente en aquellos ámbitos donde los municipios tienen una capacidad de intervención limitada.
«Defender la vivienda es defender la dignidad de las personas», ha manifestado Montilla, quien insiste en la necesidad de garantizar que las dificultades económicas no impidan acceder a un hogar.
Las reivindicaciones de la formación no serán debatidas en el Pleno municipal del jueves 29 de octubre, cuya sesión se limitará a expedientes de carácter administrativo. Por el momento, no se ha comunicado una fecha para el posible tratamiento de esta iniciativa en una próxima sesión.
La vivienda continúa así entre los asuntos del debate político local, en un contexto marcado por las dificultades de acceso al alquiler y la necesidad de ampliar las alternativas residenciales asequibles.