El Partido Popular de Puerto Real ha reclamado que se ejecute con la máxima celeridad la sentencia del Tribunal de Cuentas que, según recoge la formación en un comunicado, condena al exalcalde Antonio Romero y a la edil Carmen Silva al reintegro de más de 221.000 euros por el caso del denominado «perfecto encuadramiento».
En la nota, fechada el 25 de septiembre, los populares vinculan este fallo con su crítica a la gestión económica de los gobiernos de izquierda en el Ayuntamiento. La formación sostiene que el caso responde a un modelo de gestión marcado por el «despilfarro, arbitrariedad e ilegalidad».
El PP denuncia que se abonaron complementos salariales sin justificación técnica ni cobertura legal y acusa a los responsables municipales de utilizar el dinero público para «comprar la paz social» en el consistorio. Estas afirmaciones forman parte de la valoración política que el partido realiza de la resolución citada en su comunicado.
Los populares contraponen esos pagos con lo que describen como una elevada presión fiscal y carencias en los servicios básicos del municipio. Asimismo, lamentan que el nombre de Puerto Real vuelva a quedar asociado al «descontrol económico y judicial» y consideran que estas prácticas perjudican al patrimonio de los vecinos.
La formación exige recuperar la totalidad del importe señalado y anuncia que seguirá denunciando cualquier intento de minimizar lo ocurrido. Su principal reclamación es que la ejecución de la sentencia permita reintegrar el dinero a las arcas municipales.
